Burgomaestre del distrito de Asia y funcionarios son acusados por los delitos de corrupción y asociación ilícita.

Justicia investiga graves denuncias contra alcalde de Asia por extraños manejos.

Una grave denuncia sobre corrupción y asociación ilícita para delinquir se está ventilando en el distrito judicial de Cañete, tras la denuncia penal formulada por diversos delitos contra el alcalde del distrito de Asia, José Arias Chumpitaz, y un numeroso grupo de regidores y funcionarios del municipio, incluida la consejera regional Rosa Liliana Torres Castillo, exasesora legal de anteriores gestiones de Arias Chumpitaz.

El caso se refiere a la creación de empresas fantasmas para realizar contratos con la comuna de Asia, beneficiada por el incremento de sus rentas por la presencia de numerosas playas privadas y una intensa actividad económica que generan millonarios ingresos. De acuerdo con el Ministerio Público los procesados conformaron las razones sociales Asesores & Consultores L&C SAC y Globus Service EIRL, gerenciadas por Luis Alberto Bernal y Greprife y Reften, a cargo de Juan Rivera Espinoza y Rubén Falcón Tenorio, con la finalidad de ofrecer servicios, creando una ficción de competencia entre varios postores, cuando el resultado ya estaba arreglado.

Estas empresas nunca existieron para la SUNAT y los datos de varios de sus supuestos representantes no han podido verificarse a través de la RENIEC lo que hace suponer que se trata de personas inexistentes. Todos los componentes de las empresas ficticias y las autoridades municipales actuaban en forma coludida y jerarquizada, ocupando el alcalde Arias Chumpitaz el lugar de jefe de la organización para afectar el patrimonio municipal.

En el año 2002 la alcaldía de Asia contrató por un monto de 897 mil 978 soles a la empresa Asesores y Consultores L&C SAC con la presunta finalidad de supervisar labores de las empresas Telefónica y Luz del Sur en el distrito. Este contrato, según todas las evidencias, fue una simulación para generar una salida de dinero. En los comprobantes de pago analizados se descubre que las empresas del grupo se emitían entre sí documentos por supuestos trabajos, como si se estuvieran subcontratando tareas de fiscalización que finalmente no se realizaron. El pedido del fiscal es que se aplique una pena de ocho años de prisión efectiva contra el alcalde Arias Chumpitaz.

Fuente: La Primera