Sostiene Procurador Anticorrupción de Cañete, Dr. Robert Deza Quispe *Involucrados José Arias, Liliana Torres y Javier Alvarado.

Sostiene Procurador Anticorrupción de Cañete, Dr. Robert Deza Quispe

*Involucrados José Arias, Liliana Torres y Javier Alvarado.

Dr. Robert Deza, defiende al Estado
“Ha trascendido ya a través de la prensa local y regional que el caso Telefónica, cuyas cuentas fueran embargadas por diversas municipalidades, no sólo en la provincia de Cañete sino en casi todo el territorio de la república, la empresa Telefónica, ha obtenido la recuperación, o por lo menos, sentencias judiciales a su favor, que anularon o han anulado, los cobros sin perjuicio alguno o indebidos, efectuados por algunas otras municipalidades”.

Fue la respuesta del Dr. Robert Deza Quispe, Procurador Anticorrupción de la Provincia de Cañete, ante la pregunta de nuestro reportero: ¿En qué situación se encuentra el Caso Telefónica de Asia, Lunahuaná y Chilca?.


Robert Deza, remarca “con una modalidad reiterada y repetitiva por parte de muchas municipalidades, digo a nivel nacional, y en Cañete, entre ellas estamos hablando de Asia, Chilca, Lunahuaná y otro. Además de intentos fallidos que no se realizaron en otro municipios.

El caso de Asia, concretamente se embargó cerca de cuatro millones de soles. ¿Cómo va el caso?
Hablando en términos generales, fue una suma superior a los tres millones, casi cuatro millones de soles y a la luz, pues de lo que ya he mencionado anteriormente, la trascendencia de que la empresa Telefónica ha obtenido sentencias judiciales que declaran nulo ese tipo de modalidad.

Lo que demuestra que esto también puede suceder en los municipios cañetanos, específicamente de Asia que es lo que a nosotros nos involucra, Dr. Deza.
Yo creo que todos los jueces o los magistrados que tienen esas causas, deben prestar atención a esos precedentes y saber que sí hubo irregularidades en la modalidad empleada para realizar este tipo de cobros. Específicamente estamos hablando de procesos abiertos como el caso de Lunahuaná, Asia y Chilca.

¿Los procesos no están cerrado?
En ninguna de estas tres municipalidades, no son caso cerrado sino abierto.
¿Cómo así que se ha instrumentalizado los aparatos del Estado para favorecerse un determinado grupo de personas con este supuesto trabajo?,
Lo que puedo decir al respecto y también ha trascendido en los medios de prensa, sin salirme del contexto de la reserva de las etapas de instrucción, voy a comentar solamente lo que ha trascendido a nivel periodístico.

Lo escucho.
Efectivamente, la modalidad que se utilizó por parte de funcionarios y servidores públicos de estas tres municipalidades, fue la de instrumentalizar algunos de sus aparatos internos, entre ellos específicamente el área de Ejecución Coactiva. En esa instrumentalización es la que se hace los cobros y embargos indebidos a la empresa Telefónica, creando multas y creando derechos por tasas, por lo cual, se hicieron los embargos en mención. Yo creo que por lógica elemental, todos los ciudadanos y los jueces, no pueden escapar a ese razonamiento lógico, deben responderse y deben responder en su labor de hacer justicia.

¿Cómo deben actuar los magistrados?.
Primero: ¿qué se hizo con ese dinero?, segundo, porque si no existe prueba que ese dinero fue efectiva y realmente utilizado para los fines de las municipalidades, tarde o temprano, tendrá que ser devuelta a la empresa Telefónica. En conclusión, nunca fue una ganancia o un beneficio para la Municipalidad sino para los que están en el medio. Es decir, los que utilizaron a los órganos estatales para beneficiar a terceros. No se olviden de ese cobro que se llama: multas, que se llamas: tasa… de ese monto líquido, que no genera intereses, ni ganancias, se pagó aproximadamente un millón de soles por cada embargo, a la entidad particular contratada para hacer el embargo.

¿La historia se repite, y el pueblo casi siempre es el pagano?
Entonces, siempre hubo un perjuicio para el Estado. Eso debe quedar bien claro. Eso, forma parte del razonamiento lógico que deben hacer el público oyente y debe hacerlo con mayor responsabilidad los jueces.

Nadie está en contra que tal o cual municipio, pueda exigir a una empresa que pague los derechos. Pero, no se debe utilizar los instrumentos del Estado para favorecer a un grupo de personas y perjudicar a toda una comunidad.

Exactamente, existen ya precedentes, por eso, es que me atrevo decirlo, no los procesos que están en trámite, pero dada la modalidad reiterativa presentada en otras localidades del Perú, se debe tomar en cuenta.

El caso se ha suscitado en el año 2005, sin embargo, y el proceso “camina a paso de tortuga reumática”¿Què pasa, Dr?.
Estamos hablando de un hecho relativamente antiguo, por lo menos, nueve, ocho o seis años, de una modalidad que se ejecutó en su momento. Pero, se ha solicitado y se va solicitar a los jueves de que agoten las investigaciones, utilizando los medios que les faculta la ley.

En el caso están involucrados aquí, Javier Alvarado en su condición de ex alcalde de Lunahuaná; José Arias (Asia), Numa Rueda y Pablo Nalda de Chilca y la abogada Liliana Torres quien es esposa de un magistrado.

No recuerdo de manera exacta los nombres, pero lo que usted ha mencionado, si están comprendido en la demanda.

Pero, muchos de ellos no han cumplido con rendir su instructiva. Y a algunos, pareciera que le quieren sacar o limpiar del proceso. ¿Qué hacer?
Efectivamente, lo que sucede es que en toda denuncia, los denunciados se apersonen porque en el Derecho Penal existe responsabilidad personal, independientemente del cargo o función que realicen, independiente del parentesco que puedan tener con personal o magistrados del Poder Judicial. En este caso, creo que es irrelevante para la investigación de la calidad que pueda tener cualquiera de los denunciados, sea alcalde o esposa de magistrado o lo que fueran. En ese sentido, los jueces no deben tener prerrogativas, o títulos que los puedan exonerar del cumplimiento de sus obligaciones. Eso, no debe ser así, las investigaciones deben continuar en el estado en que se encuentran y sobre todo realizarse todas las investigaciones necesarias porque, de lo contrario, se estarían burlando de los fines específicos de la justicia.

Frente a todo, que hará el Procurador Anticorrupción ante la demora del aparato judicial.
Bueno, estamos hablando de cinco años en que se han actuado de diligencias de instrucción, y, lamentablemente, hasta el día de hoy, estamos hablando de diligencias importantísimas, irrenunciables por el esclarecimiento de los hechos que no se han actuado. Esto, resulta de menos lamentable, por decirlo. En mi caso, la Procuraduría que represento, ha solicitado por escrito, en sendas oportunidades, no solamente las actuaciones que se han dispuesto de oficio por el Ministerio Público y por los jueces, sino también actuaciones propias, fundamentando las pertenencias de ellas que tampoco se han actuado. Estamos hablando de actuaciones simples que basta oficiar a la entidad del gobierno correspondiente para que remita información, o a entidades privadas, y lamentablemente, no han hecho.

¿Qué solicitó?
Para ser más preciso, solicité se oficie a Migraciones para que se pueda verificar la presencia dentro o fuera del país de algunos de los procesados principales y lamentablemente, a pesar de haber transcurrido tanto tiempo, no se han realizado. Esto es con el propósito que alguno de los involucrados pueda estar en el extranjero, se solicite su captura a través de la Interpol.

¿Algo más que quiera agregar?
Mi oficina está actuando de acuerdo a Ley. Estamos cumpliendo con nuestras funciones en contra la corrupción.

Fuente: El Cazador de la Noticia.